Jueves, 12 mayo 2011

‘Operación Galgo’
La juez dice que las escuchas a Marta «no estaban justificadas»
La atleta Marta Domínguez, en su domicilio de Palencia. | Alberto Cuellar

MAR

* La juez también decreta la nulidad de las practicadas a Manuel Pascua, Alberto García y Alonso Valero
* La ‘operación Galgo’ pierde muchas de las supuestas pruebas incriminatorias y queda muy tocada salvo en los casos de Eufemiano Fuentes y César Pérez

Fernando Lázaro | Luis Fernando López | Madrid. EL MUNDO

Golpe a la ‘operación Galgo’. Y lo da la propia juez. Según ha adelantado ELMUNDO.es y han confirmado posteriormente desde los Juzgados de Plaza de Castilla, la magistrada Mercedes Pérez Barrios, instructora de la causa, ha declarado nulas las escuchas telefónicas realizadas a los atletas Marta Domínguez y Alberto García, al representante de ambos, José Alonso Valero, al entrenador Manuel Pascua y a su mujer, María José Martínez. Sin embargo, se reafirma el control de las comunicaciones de César Pérez, entrenador de Marta; el médico Eufemiano Fuentes, considerado el cerebro de una trama de dopaje; y el director ciclista José Luis Pascua.

Finalmente, la juez se ha pronunciado sobre los distintos recursos de anulación presentados por las partes. Por ejemplo, sobre el presentado por José María de Pablo, abogado Manuel Pascua. Aquel escrito, del que informó en exclusiva EL MUNDO el pasado 4 de enero, censuraba el proceso «por la ausencia de los indicios reales que pudieran hacer pensar en la existencia de un delito». Por eso, distintos letrados solicitaban la nulidad del auto de incoación de diligencias previas, el origen de la operación, armada por la Guardia Civil a partir de leves sospechas, muchas suposiciones, datos ‘prescritos’ de otras operaciones, seguimientos infructuosos, recortes de prensa con más de dos décadas de antigüedad y citas de Wikipedia o de anónimos en foros de Internet. La juez no anula el auto de incoación de diligencias previas, pero la falta de indicios razonables de criminalidad la lleva a ‘borrar’ las escuchas efectuadas a varios imputados.

En el caso concreto de Marta Domínguez, Mercedes Pérez Barrios firma: «La intervención de su teléfono tenía por objeto determinar quién le suministraba tales sustancias [dopantes], injerencia admitida por nuestra jurisprudencia. (…). Lo dicho no excluye el juicio de proporcionalidad y la consideración del carácter excepcional con el que la misma debe adoptarse. En el presente caso, se pedía la intervención de todos los sometidos a sospecha relacionados con ella. Si esto es así, la intromisión en las comunicaciones de Marta Domínguez no estaba justificada, pues intervenidos los teléfonos de todos los anterior [su entrenador y su representante] las llamadas de Marta estaban controladas». Asimismo, en el auto conocido hoy se destaca: «Examinadas las actuaciones llevadas a cabo por la UCO se observa una suerte de confusión entre las conductas sancionables en el ámbito deportivo y las conductas penales». Sólo las segundas acaban en el juzgado.
No se cierra la investigación

No obstante, la magistrada no cierra la investigación. Basada en una sentencia del Tribunal Constitucional que detalla: «En supuestos excepcionales hemos considerado lícita la valoración de pruebas que, aunque se encuentren conectadas desde una perspectiva natural con el hecho vulnerador del derecho fundamental, por derivar del conocimiento adquirido a partir del mismo, pueden considerarse jurídicamente independientes». Por eso, se mantiene la validez de los dos casos de dopaje contra Marta. A saber: 1. «Administrar [una sustancia dopante] sin prescripción ni receta médica, a Eduardo Polo, con el fin de aumentar su rendimiento deportivo». 2. La «entrega dentro de un sobre a su representante de una botella marrón con tapón dorado». Del primer caso cabe decir que Eduardo Polo es un amigo de Marta, compañero de entrenamientos, sin ni siquiera licencia federativa. Y el segundo ya fue archivado por la juez al no poder demostrar, tras dos análisis, que la «botella con tapón dorado» fuese un producto dopante.

La ‘operación Galgo’ está tocada, salvo para Eufemiano, César Pérez y José Luis Pascua, muy lejos de los ‘fastos’ mediáticos que la acompañaron en su inicio, el 9 de diciembre de 2010. Algunos imputados tienen hoy razón para celebrar, aunque sea parcialmente. Y tiene razón para preocuparse la Guardia Civil, que ha recibido varios reveses en este proceso, para desgracia del CSD, que hasta hace un mes presidía Jaime Lissavetzky; para desvelo de Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP pidió a finales del pasado mes que el ministro del Interior comparezca en el Congreso para explicar las motivaciones de la investigación sobre Marta Domínguez.

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